Los grupos políticos EH Bildu Zornotza, Elkarrekin Amorebieta y PSE Zornotza manifiestan su “rotunda oposición y rechazo” a la presencia en el municipio del colectivo Desokupa. “Este grupo carece de cualquier tipo de legitimación democrática, institucional o legal para actuar en Amorebieta-Etxano. Su presencia no responde a ningún mandato judicial ni a los cauces propios de un Estado de derecho, y supone una injerencia inaceptable, basada en la intimidación y la violencia, que pone en riesgo la convivencia y la cohesión social de nuestro pueblo”, aseguran.
Denuncian, también, sus actuaciones y métodos, “no son la vía adecuada para abordar conflictos sociales complejos, como los relacionados con el derecho a la vivienda; este tipo de intervenciones, basadas en la presión, la intimidación y la confrontación, solo generan inseguridad, tensión y división entre la ciudadanía”, añaden.
Expresan por ello, su “solidaridad y apoyo” a la inquilina que está siendo objeto de sus actuaciones. “Resulta inaceptable que se someta a vecinas y vecinos a prácticas de hostigamiento, señalamiento o intimidación, y consideramos especialmente grave que estas se produzcan en el ámbito del acceso y la defensa del derecho a la vivienda”, aseguran.
Del mismo modo, recuerdan que existen vías institucionales y acuerdos políticos para afrontar la problemática de la vivienda, orientadas a reforzar el derecho a la vivienda, ampliar la protección pública y abordar esta realidad desde un enfoque social, legal y democrático, que pueden dar respuesta a las partes implicadas. “Este tipo de acuerdos evidencian que el camino adecuado es el de las políticas públicas, el diálogo y la responsabilidad institucional”, inciden.
Comentan que “Amorebieta-Etxano es un municipio comprometido con la convivencia, el respeto a los derechos humanos y la resolución de los conflictos a través de mecanismos legales, sociales e institucionales, siempre desde el diálogo y la responsabilidad pública. Estos valores son incompatibles con la actuación de grupos que operan al margen de las instituciones y de los principios democráticos”.
Por todo ello, reiteran que “este no es el camino, y reafirmamos nuestro compromiso con el impulso de soluciones justas, legales y sociales en materia de vivienda y en el conjunto de las políticas públicas, con el objetivo de garantizar el bienestar y la convivencia de toda la ciudadanía”.